La Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH se encuentra sesionando en el Perú desde el día 12 hasta el 16 de abril. Ante su visita la Coordinadora Contra la Impunidad se dirige a ellos y se pronuncia:
QUE SE ABRAN TODAS LAS FOSAS CLANDESTINAS
QUE SE IDENTIFIQUEN A LAS VÍCTIMAS
QUE SE CONDENEN A LOS ASESINOS
Han pasado casi treinta (30) años desde que el conflicto armado interno sacudiera a nuestro país con un saldo horroroso de víctimas, principalmente dentro de la población civil, cuyo número exacto aún no se ha llegado a determinar pero que sobrepasarían los 60,000 afectando en su gran mayoría a nuestros hermanos quechua hablantes, el sector más castigado por la pobreza y el abandono del Estado.
La violencia convirtió en práctica común el arrasamiento de poblados enteros cubriéndolos de dolor y muerte, sin respetar el derecho a la vida de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes, sembrando nuestro territorio de cientos de fosas clandestinas con cadáveres incluso de familias enteras y de campos regados de restos humanos dejados a la intemperie como forma de atemorizar a la población.
Las denuncias de los familiares ante los entes encargados de administrar justicia de estos crímenes de lesa humanidad se vieron trabados por amenazas contra ellos que condujeron repetidas veces incluso a la pérdida de su vida causada por los mismos violadores pertenecientes a los organismos represivos del Estado.
El comportamiento de los jueces y fiscales encargados de investigar estas violaciones sigue siendo de indiferencia con lentitud concertada para prolongar indefinidamente la solución de nuestras demandas y en muchos casos archivándolas dejando en libertad a los acusados de la comisión de estos crímenes bajo argumentos increíblemente antijurídicos.
Por eso nosotros preguntamos con el debido respeto a los entes encargados de administrar justicia ya sean de la jurisdicción interna como interamericana:
¿Cuántas de los cientos de fosas clandestinas declaradas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación han sido abiertas hasta hoy?
¿Cuántos responsables uniformados responsables de estos asesinatos en masa o individuales han sido condenados?
¿Cuántos de los pocos cuerpos rescatados han sido reconocidos y sepultados dignamente por sus familiares?
¿Hasta cuándo esperaremos que la justicia actúe presurosa para cerrar en parte esta herida doliente que nos lacera día a día el corazón?
La realidad es acusadora: Se cuentan con los dedos las fosas exhumadas, las víctimas identificadas así como las sentencias condenatorias a los violadores de los derechos humanos pertenecientes al Estado y ni qué decir del desdén con el que el actual gobierno trata a los familiares favorecidos con las pocas sentencias emanadas precisamente de la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incumpliéndolas sin más explicación que su afán de prolongarles la tortura.
Y si esto continúa, muchos familiares, como ya está ocurriendo, finalizarán sus vidas sin recibir justicia por la desaparición y/o asesinato inexplicable de sus seres queridos en manos del Estado Peruano. Porque si se nos niega el derecho a la justicia en vida, ¿de qué democracia estamos hablando?
POR ESTAS RAZONES NOS DIRIGIMOS A LOS HONORABLES JUECES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) QUE SE REÚNEN ACTUALMENTE EN NUESTRO PAÍS PARA DARLES LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA, AUGURARLES ÉXITO EN SU LABOR DE ADMINISTRAR JUSTICIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y SOLICITARLES QUE TENGAN EN CUENTA ESTA PETICIÓN DE JUSTICIA DE LOS FAMILIARES VÍCTIMAS DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL ESTADO PERUANO.
Familiares de los casos: La Cantuta, Ernesto Castillo Páez, Kenneth Anzualdo, Saúl Cantoral y Melissa Alfaro, y demás miembros integrantes de la Coordinadora Contra la Impunidad.
Melissa Alfaro Méndez 